Raquel Pérez: “Es injusta la bajada del 2,5% a los municipios que NO bonifiquen al 95% la Plusvalia”
EUPV propone en el Consejo Rector de SUMA que la bajada del interés que aplica a los Ayuntamientos por la gestión de la recaudación del IIVTNU (Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – Plusvalia-) se reduzca únicamente a las localidades que en sus ordenanzas fiscales hayan adoptado la máxima bonificación de hasta un 95%
Hoy se ha reunido el Consejo Rector de SUMA con un único punto en el orden del día sobre la modificación del 4% al 2,5% del interés aplicado a los municipios sobre la gestión de la recaudación de la Plusvalía. En esta convocatoria la formación de izquierdas ha interpuesto una enmienda donde se solicitaba que esta bajada no fuera lineal a todas las localidades sino que se condicionara a las diferentes ordenanzas fiscales municipales. Puesto que, son los propios municipios los que aceptan el convenio con el Organismo Autónomo Público SUMA de gestión recaudatoria, este tiene el deber de fomentar y garantizar los derechos fundamentales fiscales de los Alicantinos.
La diputada Raquel Pérez indica que en la actual situación económica en que se encuentras muchas familias y con la presión fiscal soportada en nuestro municipios, un ciudadano/a que hereda una vivienda, que muchas veces lleva consigo importantes cargas, y que disponga de una economía doméstica precaria, como es el caso de viudos/as, pensionistas, personas desempleadas, etc… tiene muy difícil hacer frente al pago del impuesto de plusvalía que suele ser de una cuantía elevada. Por tanto, entendemos que en estas circunstancias desde las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos/as, debemos garantizar las máximas bonificaciones legales a las personas beneficiarias de bienes patrimoniales en los supuestos de mortis-causa en los casos de vivienda habitual de los causahabientes.
Por ello, consideramos que sería desigualitario que la agencia SUMA aplicase un interés fijo a todas las localidades por realizar la gestión recaudadora a municipios que no se han acogido a la máxima bonificación legal.