VERGÜENZA SUPREMA.
El pasado miércoles asistimos a un episodio que nos da vergüenza suprema y pone en serio riesgo el artículo 11 de la Constitución Española “La justicia emana del pueblo”.
Nos referimos al fallo del Tribunal Supremo con respecto al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En un rocambolesco requiebro el Supremo se ha puesto del lado de la banca, y se ha desdicho en unos pocos días, dejando desamparada a la ciudadanía española.
Nunca antes en la historia reciente de nuestro Estado se había producido un escándalo de tal magnitud. En tan solo un día, el Presidente del máximo órgano jurisdiccional, convoca Pleno para revisar una sentencia de dicho órgano, alegando al posible impacto económico y social de que la banca deba asumir el pago de ese impuesto al realizar hipotecas. Un paripé rodeado de sospechas, pues se sabe que algunos de estos jueces colaboran con las entidades bancarias en sus escuelas de élite, cursos y conferencias.
Nos indigna y preocupa ver como se desprestigia la Justicia, llevando a terrenos pantanosos la independencia judicial y generando un caldo de cultivo para impulsar líderes salvapatrias de extrema derecha, como está ocurriendo en otros países.
La separación de poderes es una cuestión irrenunciable en un Estado de Derecho. Por ello, consideramos que es necesario reformar nuestro sistema judicial en una vertiente democrática. Además, tanto el poder legislativo, como el ejecutivo deben mover ficha, por lo que las Cortes Generales y el Gobierno de España deben ponerse ya a trabajar para generar una normativa hipotecaria justa y una banca pública de lado de la mayoría social.
Ante el chantaje y el secuestro de los poderes públicos del Estado, por parte de la banca privada, urge la movilización social. Por la justicia y la democracia, animamos a toda la ciudadanía a participar en las concentraciones y manifestaciones convocadas para tal fin.
