Enrique Santiago y Nahuel González piden al Gobierno que aclare en el Congreso por qué las personas migrantes en situación irregular que denuncian un delito sufren riesgo de expulsión

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y el diputado valenciano de esta formación en el Grupo Plurinacional Sumar registran una iniciativa a raiz de un reciente caso en el País Valenciá para que el Ejecutivo en funciones explique por escrito por qué no da las “instrucciones necesarias” a las fuerzas de seguridad o si tiene previsto “reformar la Ley de Extranjería” para acabar con este problema, como marca la ley y reclama, entre otras instituciones, el Defensor del Pueblo.

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, y el diputado valenciano de esta formación Nahuel González, ambos en el Grupo Plurinacional Sumar, han registrado esta mañana una iniciativa en la que, entre otras cuestiones, reclaman al Gobierno en funciones que aclare los motivos para no haber emitido aún “las instrucciones necesarias para garantizar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive por esta causa a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”.

Los parlamentarios piden también explicaciones escritas para conocer “¿cómo justifica el Gobierno que no se esté aplicando la legislación española y europea ni las recomendaciones institucionales que establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin importar su situación administrativa?”

Enrique Santiago y Nahuel González trasladan esta cuestión al ámbito parlamentario tras conocer, a través de una denuncia de València Acull (Red Acoge), el reciente caso de una persona migrante en situación irregular en España a la que notifican la incoación de un expediente sancionador cuando acude a la Comisaría de la Policía Nacional de Russafa (Valencia) a denunciar la sustracción de su pasaporte.

Los diputados destacan en su iniciativa, además, que estos hechos se producen “después de que el juzgado de guardia rechazara el registro de la referida denuncia y terminara por derivarla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dar cuenta de la sustracción o extravío del pasaporte, acogiéndose a lo establecido en el art. 11. 4 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC)”.

Advierten de que estamos ante un ejemplo más “de los obstáculos y la indefensión a la que se enfrentan las personas que se encuentran en situación irregular cuando quieren denunciar como víctimas”, lo que en el fondo acarrea un claro “efecto disuasorio” para que no lo hagan.

El portavoz parlamentario y el diputado valenciano de Izquierda Unida en el Congreso inciden también en que con estas prácticas policiales no se tienen en cuenta en absoluto ni “la legislación española y europea, ni las recomendaciones institucionales que establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin importar su estatuto de residencia” (Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito; Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito; Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia ECRI del Consejo de Europa núm. 16)

Además, inciden en que el Defensor del Pueblo lleva años reclamando a los distintos gobiernos (en concreto desde 2004) que “no se incoen expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudan a las comisarías a denunciar delitos”, algo que fue asumido parcialmente para proteger a las víctimas de violencia de género, pero que no se aplica “al resto de las víctimas de delitos en situación irregular”.

Nahuel González recuerda el caso de una mujer hondureña que en 2019 trató de denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella (Valencia) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar. El Defensor del Pueblo volvió entonces a presentar las recomendaciones correspondientes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para acabar de una vez con estas prácticas.

Por ello, los parlamentarios de IU en Sumar plantean en concreto al Gobierno que especifique “¿qué medidas concretas tiene previsto adoptar para, en casos como los señalados, auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos, así como evitar el efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, tal y como señala el Defensor del Pueblo?”

El Ejecutivo en funciones debe responder también por escrito a instancia de Santiago y González si “¿ha previsto una reforma legislativa de la Ley de Extranjería (equiparable a la que protege a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos) para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo?” y, en caso de que la respuesta sea negativa “¿por qué motivos?”.