EU apoya en Bruselas las denuncias de la Comissió Ciutat-Port contra la ampliación del Puerto de València ante la Comisión Europea
El eurodiputado Manu Pineda acompaña a varias representantes de la plataforma ciudadana en contra de la ampliación del Puerto de València, en una reunión con la Dirección General de Medioambiente, para trasladar el grave peligro que supone la ampliación Norte tanto en términos ambientales como de calidad del aire.
El eurodiputado de Esquerra Unida Manu Pineda acompañó este jueves en Bruselas a cuatro representantes de las Comissió Ciutat-Port en una reunión con la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea, en la que pudieron trasladar las denuncias de la ciudadanía contra el proyecto de ampliación Norte del Puerto de València. Un proyecto que, pese a contar con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica español, se encuentra paralizado en estos momentos de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, gracias al recurso contencioso presentado por la Comissió.
Pineda, que ha visitado la zona afectada por ese proyecto de ampliación del puerto en varias ocasiones durante los últimos años, invitó a los miembros de la Comissió Ciutat-Port a Bruselas para que pudieran explicar en persona al Ejecutivo comunitario las graves consecuencias que tiene una infraestructura de estas características en zonas protegidas por la Red Natura 2000, así como para la calidad del aire de una ciudad como València, que ya está fuertemente afectada por las emisiones que se producen en torno al puerto.
La Comissió Ciutat-Port “ha traído estudios muy rigurosos sobre el impacto medioambiental de la ampliación Norte y sobre la falta de participación ciudadana que está habiendo en la elaboración del proyecto. Han podido trasladarle todos estos estudios a la Comisión Europea y esperemos que apueste por intervenir”, explicó Pineda al término de las reuniones. El eurodiputado de EU llamó al Ejecutivo comunitario a “trabajar defendiendo el medioambiente, los derechos de la ciudadanía y oponerse a que prevalezcan los intereses de las grandes empresas sobre el ciudadano de a pie”.
La ampliación del Puerto de València pretende duplicar el tráfico de mercancías con una nueva terminal de contenedores, afectaría a una superficie de 137 hectáreas y tendría 1.970 metros de líneas de atraque. Esto triplicaría el tráfico de camiones y, por tanto, tendría un impacto muy fuerte en la calidad del aire de València y su área metropolitana, chocando con muchos de las directivas europeas sobre adaptación al cambio climático.
“Estamos muy preocupadas por las consecuencias que puede tener el aumento de la mala calidad del aire y todas las infraestructuras que se tienen que crear para poder mover mercancías. Eso hace que las ciudades portuarias tengan peor calidad de vida, pero es que en el caso de València, a día de hoy ya incumplimos los niveles marcados por la Organización Mundial de la Salud sobre calidad del aire”, alerta Marian Sintes, portavoz de la Comissió.
La infraestructura final, valorada en unos 540 millones de euros de dinero público, quedaría en manos de la naviera MSC. “Es un proyecto que comparte aspectos con muchos otros proyectos portuarios y con una situación estructural como es la depredación del territorio por parte de grandes infraestructuras y navieras. Desde la Comissió Ciutat-Port siempre hemos defendido anteponer la vida de las personas a los beneficios de empresas y multinacionales como es, en este caso MSC”, explica David Adriá, representante de la Comissió.
Esta obra, no solo es innecesaria, sino también muy peligrosa y puede poner en grave riesgo, tanto las playas del sur de la ciudad, como el parque natural de la Albufera o el ecosistema marino adyacente, ambos incluidos en la Red Natura 2000. Además, pretende llevarse a cabo con una Declaración de Impacto Ambiental del año 2007, basada en una ley de 1986, que perdió su vigencia en diciembre de 2019, al haber agotado los plazos máximos de ejecución.
Es afectación a los espacios protegidos por la Red Natura 2000 es algo que “hemos podido confirmar después de estas reuniones con la Dirección General de Medioambiente, además de las dificultades que vamos a tener para cumplir los acuerdos en emisiones de carbono”, señala Pau Monasterio, de Ecologistas en Acció y representante también de la Comissió.
“Nos vamos muy contentas, con nuevas herramientas gracias a las reuniones que hemos tenido con diferentes eurodiputados y con la Comisión Europea, y con la sensación de haber podido explicar que los puertos deben estar gestionados municipalmente y estar al servicio de la ciudadanía”, añade Laura Rodríguez. Desde la Comissió “no nos vamos a dejar amedrentar por los intereses económicos de las grandes navieras y de los empresarios y esperamos iniciar un procedimiento de infracción para poner de manifiesto cómo se están incumpliendo los reglamentos de la UE”, concluye.