La “Ley Montoro” maniata a los ayuntamientos.

Una tarde de domingo, mientras hablaba con unos amigos del superávit y de la situación económica del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, una pregunta planeaba durante toda la conversación, ¿cómo es posible que un ayuntamiento teniendo superávit no pueda dedicar ese dinero de más al gasto social o a nuevas inversiones?

Esta cuestión, que seguramente se la hacen muchas personas, no es fácil de responder; a ver quién es el valiente que les hacía entender que eso es consecuencia de una norma anticuada, que ha acabado siendo un obstáculo para que los ayuntamientos puedan prestar mejores servicios a la ciudadanía. No solamente nuestro municipio, que puede presumir de tener una economía saneada, es víctima de esa Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular, conocida como Ley Montoro, sino que sus tentáculos llegan a todos los municipios del Estado, grandes, pequeños, saneados, endeudados… y da igual quien los gestione, es una ley tan “miope” que no distingue, o no quiere distinguir entre ayuntamientos “enfermos” o “sanos”.

Y digo que no quiere distinguir entre los saneados y los no saneados económicamente, porque gracias al superávit de las Entidades Locales, el Gobierno salva sus cuentas y cumple con el déficit prometido a Bruselas. Mientras que la Administración Central y las Comunidades Autónomas se han desviado de su objetivo de déficit, las Corporaciones Locales españolas han ahorrado 7.000 millones de euros y le han facilitado cumplir con sus compromisos. Tenemos que terminar, y lo tenemos que hacer entre todos, con esta injusticia que perjudica muy directamente a la ciudadanía.

Esta Ley es un auténtico atentado contra la dignidad de los ayuntamientos. Nadie, y digo nadie, puede entender que por culpa del techo de gasto (dinero máximo que se puede gastar un ayuntamiento) impuesto por el Gobierno Central, el Ayuntamiento no pueda disponer de un dinero que, de forma ordinaria se percibe todos los años, para aumentar las ayudas sociales, inversiones en cultura, deporte, juventud…

En el mes de febrero de este año nos adherimos a la Declaración de Valencia. Ayuntamientos de toda España nos reunimos para debatir y firmar una declaración solicitando que las entidades locales que obtengan un resultado de superávit, pudieran disponer de él libremente, siempre y cuando no superen los límites de morosidad y deuda financiera que la ley establezca. Esta propuesta se trasladó a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y al Gobierno de España. La mencionada Declaración de Valencia, a la que nuestro Ayuntamiento podría acogerse por cumplir todos los requisitos, ha obtenido la callada por respuesta. Seguimos esperando.

¿Por qué esa fijación del Partido Popular con los ayuntamientos? Claro ejemplo el Ayto. de Madrid, que, a pesar de tener superávit y haber reducido la deuda en un 40% en dos años, ha visto intervenidas sus cuentas por Hacienda para que cumpla con la regla de gasto; sin embargo, ¿por qué Hacienda no interviene también las cuentas de la Comunidad de Madrid o de la Administración General del Estado cuando incumplen sistemáticamente la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria? La respuesta es clara: son las entidades locales las que salvan las cuentas que el Sr. Rajoy y su equipo tienen que presentar en Bruselas, y como no, a costa de las y los ciudadanos.

Alberto Beviá Orts
Coordinador de EU Sant Vicent y concejal del GM GUANYAR.