EL EUROPARLAMENTO DEBATIRÁ SOBRE EL CIERRE DEL VERTEDERO DE LAS CAÑADAS.
El próximo 21 de marzo Esquerra Unida de Elda acudiremos al Parlamento Europeo de Bruselas para defender en una sesión de la Comisión de Peticiones el cierre definitivo del vertedero de Las Cañadas, una instalación que carece de Autorización Ambiental Integrada y a pesar de ello ha estado acogiendo residuos desde hace años, poniendo en grave riesgo al medio ambiente y la salud de nuestra población.
Nuestra defensa de la zona afectada ha sido muy firme, a pesar de las presiones recibidas. No queremos que en nuestra ciudad la vulneración de las normativas quede sin efecto y sin asunción de responsabilidades. Por eso, vamos a presentarnos dónde sea necesario para proteger nuestro territorio y su entorno.
El Parlamento Europeo ha sido esta vez ágil en la convocatoria del debate, ya que hace solamente unas semanas reactivamos la cuestión al detectar recientes vertidos en las instalaciones. Creemos que es urgente que desde Europa se inste a los responsables municipales y autonómicos a tomar medidas, antes de que alguno de estos vertidos dañe de forma irreparable el entorno del vertedero.
En los últimos días, además, se ha conocido una sentencia judicial condenando a un ex-funcionario de la Consellería de Medio Ambiente por cobrar 131.000 euros a cambio de otorgar una de las licencias necesarias a esta instalación de Las Cañadas:
La maraña judicial en que está inmerso el vertedero es uno de los obstáculos que impiden su cierre definitivo, sin embargo esta sentencia viene a demostrar que su puesta en marcha está rodeada de irregularidades, e incluso de cuestiones al margen de la legalidad. Desde nuestro punto de vista, lo más importante ahora mismo es alertar de los posibles daños irreversibles que puede provocar el vertedero en la flora protegida que se encuentra en sus instalaciones, para que las autoridades europeas adopten las medidas necesarias para preservar el medio ambiente y la salud de las personas.
La inacción de las administraciones ante una empresa que no tiene los permisos legales necesarios conlleva el deterioro de nuestro entorno. Y recordamos que es obligación de las instituciones la conservación y restauración de la flora protegida, tal y como, marca la normativa europea. Nuestro gobierno local no puede seguir mirando a otro lado en este caso.